Tratado CETA: ataque a los derechos y a la legislación laboral

El proceso de ratificación del acuerdo comercial con Canadá (CETA) se encuentra en sus fases finales. Este acuerdo, y otros similares para el libre comercio con la Unión Europea (acuerdo con EEUU (TTIP) y Acuerdo de Comercio de Servicios (TiSA), en caso de aprobarse, tendrán consecuencias nefastas en el ámbito laboral y social, entre otros.

Hasta tal punto resulta nocivo el acuerdo para los derechos de los trabajadores que incluso la Comisión de Empleo del Parlamento Europeo (EMPL) se ha manifestado en contra de cara a la votación decisiva de dicho Tratado el próximo 24 de enero por parte de la Comisión de Comercio Internacional (INTA). Su votación y ratificación final en el Parlamento europeo será en Febrero. Desgraciadamente otras comisiones como la de Medio Ambiente (ENVI) se han manifestado a favor y la presión de las multinacionales para la firma del acuerdo es fuerte.

El CETA conlleva supeditar las leyes de los países y los derechos de sus ciudadanos al pleno acceso de las transnacionales a sus mercados, trastocando los estándares en materia laboral. Las consecuencias de su aprobación incluirían:

Caída de los salarios (rentas del trabajo) y de la calidad del empleo, dumping laboral y social así como deslocalización de empresas a consecuencia de las presiones competitivas.
Deterioro de la legislación de los derechos laborales y sindicales que protegen al trabajador. Supresión de los convenios y de la capacidad de la negociación colectiva. Asimismo el derecho de huelga y la libertad sindical se verán seriamente amenazados.
Pérdida generalizada de puestos de empleo en sectores tales como industria cárnica, el sector de los fertilizantes, el bioetanol, el azúcar, bienes de equipo y el metalúrgico, además de la destrucción de PYMES que frente a las multinacionales no exportan más allá del Atlántico y la desaparición asegurada de pequeños y medianos agricultores.
Privatización de los Servicios Públicos fundamentales (salud, agua, servicios sociales, energía) abriendo éstos al concurso de las corporaciones supranacionales y subordinando así los cuidados de la infancia, los mayores o la protección del paciente a la obtención de beneficios.
Las Multinacionales podrán demandar a los Estados con pleitos millonarios si entienden que sus posibilidades de beneficio se ven limitadas por cualquier legislación nacional en el ámbito laboral o medioambiental.

En lo que se refiere a derechos laborales y sociales detrás de eufemismos como “armonización” de la regulación se esconde una igualación a la baja de la legislación entre los EEUU y la UE, máxime teniendo en cuenta que EEUU solamente ha firmado dos de los ocho convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), los contrarios al trabajo infantil y al abajo esclavo, pero no los que se refieren a la negociación colectiva y al derecho de organización y asociación, ni tampoco ha ratificado en la ONU el Pacto Internacional de Derechos Económicos (incluidos los derechos laborales, sindicales y de salud).

Por otro lado experiencias previas como el NAFTA (Tratado entre México y EEUU) han demostrado que las consecuencias de la liberalización regional del comercio han sido las contrarias a las prometidas: se decía que se iban a crear 20 millones de puestos de trabajo y se perdieron un millón, la mayoría en EE.UU., como consecuencia de las deslocalizaciones de las empresas estadounidenses. En México se deterioraron las condiciones de vida y trabajo y aumentó la pobreza.

Por ello te invitamos a que participes en las movilizaciones del 21 de Enero contra la ratificación del CETA en el Parlamento Europeo.