El Sáhara Occidental, antigua provincia española, lleva más de 45 años entre el exilio, la represión y ocupación, sin que se le haya dado una solución de conformidad con el Derecho Internacional. España, como potencia administradora, tiene la obligación, no solo de proteger a sus ciudadanos, sino de facilitar el desarrollo de un referéndum de autodeterminación para que el territorio deje de ser la última Colonia de África.
Ante la actual situación de guerra, provocada por la violación del “alto el fuego” por parte de Marruecos, y ante el silencio del gobierno español, y la elusión y abandono de su responsabilidad política e histórica desde 1975; todo ello, con la complicidad de la O.N.U., quien mira hacia otro lado mientras se vulneran sistemáticamente los DDHH en la zona ocupada por Marruecos, las asociaciones, colectivos, organizaciones y sociedad civil en general, que suscribimos este documento, manifestamos lo siguiente:
Expresamos nuestra más enérgica condena a la nueva agresión perpetrada por el ejército marroquí contra la población saharaui, así como nuestro rechazo frontal al inaceptable comportamiento del Gobierno de España ante los preocupantes acontecimientos que vive el Sáhara Occidental.
Instamos al Gobierno Español a cumplir con sus obligaciones como potencia administradora del territorio saharaui pendiente de descolonización para que la población Saharaui pueda acceder a su libertad e independencia y, a su vez, reclamamos al Gobierno de España el cese inmediato de la venta y donaciones de armas al Ejército Marroquí.
Denunciamos los crímenes de lesa humanidad que ha cometido Marruecos en los Territorios Ocupados del Sáhara Occidental y el actual hostigamiento y la brutalidad con que el aparato de represión marroquí trata a la población civil, a activistas y a periodistas saharauis. Por ello, solicitamos la urgente intervención de observadores internacionales de Derechos Humanos, del Comité Internacional de la Cruz Roja y de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU para garantizar los derechos fundamentales de la población saharaui.
En este mismo sentido, solicitamos la mediación del Gobierno de España para que los presos políticos saharauis, muchos de los cuales están condenados, injustamente, a penas de entre 10 y 30 años, e incluso a cadena perpetua, sean puestos en libertad lo más prontamente posible.
También, instamos a las empresas españolas a que detengan su actividad de expolio en el Sáhara Occidental, no solo por contravenir el Derecho Internacional, sino porque el único dueño legítimo de esos recursos y su representante legal es la población saharaui, cuyos derechos fundamentales están siendo atropellados.
Por todo ello, exigimos al Gobierno de España coherencia y firmeza en su defensa de la Legalidad Internacional y el apoyo y respeto del legítimo derecho a la libertad del pueblo saharaui, así como el reconocimiento formal del estatus diplomático del Frente Polisario, como único y legítimo representante de la República Árabe Saharaui Democrática.
A través de este manifiesto, pedimos a la sociedad civil y a sus organizaciones sumarse a esta marcha por la libertad del pueblo saharaui, por dignidad, deudas política e histórica y, sobre todo, por la solidaridad entre los pueblos.
