APDHA denuncia la prisión preventiva aplicada a seis personas detenidas en Sevilla y exige su inmediata puesta en libertad
Andalucía, 21 de febrero de 2018-. La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) quiere manifestar su indignación ante la medida de prisión preventiva dictada por el Juzgado de Instrucción nº4 el pasado sábado 17 de febrero a seis personas que fueron detenidas en el contexto de una ocupación de viviendas en la Macarena Sevilla. La organización considera esta medida absolutamente desproporcionada y exige la inmediata liberación de estas personas.
El jueves 15 se produjo la ocupación de algunas viviendas vacías de un edificio en el barrio de la Macarena. El viernes por la mañana hubo enfrentamientos con los propietarios que los querían desalojar. Sobre las 11 h. acudió la policía nacional y se produjo el desalojo, no exento de violencia, que alcanzó también a personas que se habían acercado al lugar interesadas por el hecho. Como resultado, seis personas fueron detenidas y aún siguen, 5 días después, en prisión preventiva.
Al margen de los sucesos que desembocaron en las posteriores detenciones, la APDHA considera que en este caso la prisión preventiva, definida como una medida excepcional, es desproporcionada. A juicio de la organización, no existe riesgo de fuga, la mayoría son Personas Sin Hogar y carecen de recursos económicos; no hay pruebas a destruir; no hay riesgo alguno para las supuestas víctimas (los policías/propietarios); se vulnera su presunción de inocencia.
Utilizar la prisión preventiva, aseguran, es “una vuelta de tuerca más contra los activistas sociales y las personas pobres”. La extremada dureza de la medida se parece más, apuntan, a un mensaje disuasorio para quienes puedan plantearse cuestionar el derecho a la propiedad ociosa y especulativa y a los que denuncian la violación de la función social de la vivienda.
Con un 41,7% de la población en riesgo de pobreza y exclusión en Andalucía, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), disponer de un hábitat estable donde vivir sigue siendo inalcanzable para una parte importante de las andaluzas y los andaluces. Además, continúa la APDHA, hoy alquilar representa un imposible para muchas familias. Satisfacer el importe de la renta les impediría pagar los gastos de alimentación y demás necesidades básicas. Incluso es muy difícil para las que podrían pagar una renta baja, ya que no disponen de los avales y/o mensualidades adelantadas para la fianza que requieren habitualmente los propietarios a la firma del contrato.
Para la asociación, relacionar estas situaciones de necesidad extrema con mafias que negocian con viviendas u otros usos ilícitos, distorsiona la realidad y solo busca criminalizar a un
colectivo que intenta sobrevivir. En la situación de emergencia habitacional en la que se encuentra España en general y Andalucía en particular, APDHA mantiene su denuncia de dejación de funciones de las administraciones con respecto al Derecho a la Vivienda. Son necesarias medidas efectivas que disocien el derecho al uso de la vivienda del derecho a la propiedad y que garanticen el acceso a una vivienda adecuada a todas las personas, afirma la asociación.
La organización también defiende que se despenalice la ocupación pacífica de viviendas deshabitadas y se entre en una dinámica de mediación social y política para dar respuesta a las necesidades básicas de la población, poniendo al servicio de las personas las viviendas sin uso real.
Libertad para las seis personas detenidas en el entorno de una ocupación y que se encuentran desde el 17 de febrero en prisión preventiva en Sevilla I.
La semana pasada se produjo la ocupación de algunas viviendas vacías de un edificio en Sevilla. El viernes 17 después de algunos enfrentamientos con los propietarios que los querían desalojar, acudió la policía nacional y se produjo su desalojo, no exento de violencia, que alcanzó también a personas que se habían acercado al lugar interesadas por el hecho. Como resultado, seis personas fueron detenidas y enviadas a prisión.
Al margen de los sucesos que desembocaron en las posteriores detenciones, la prisión preventiva, definida como una medida excepcional, es desproporcionada. No existe riesgo de fuga, la mayoría carecen de recursos económicos; no hay pruebas a destruir; no hay riesgo alguno para las supuestas víctimas (los policías/propietarios); se vulnera su presunción de inocencia.
La prisión preventiva, utilizada de esta forma, es una vuelta de tuerca más contra los activistas sociales y las personas pobres, al amparo de la “Ley Mordaza” contra los Derechos y Libertades. La extremada dureza de la medida parece más un mensaje disuasorio para quienes puedan plantearse cuestionar el derecho a la propiedad ociosa y especulativa y a los que denuncian la violación del derecho al uso de la vivienda.
Te pedimos que apoyes con tu firma esta petición, que trasladamos al Gobierno de España para que requiera al Fiscal General del Estado que pida su inmediata puesta en libertad.
